El primer testimonio de la jornada de juicio histórico en que se juzga por crímenes de lesa humanidad a policías y militares, fue el de Santos Omar Ferreyra, que en 1976 era sepulturero del cementerio del Rosario, quien dijo que en septiembre de ese año, policías uniformados llevaron dos cajones con cadáveres NN y los enterraron en dos fosas cavadas previamente en el predio central, que ingresaron en un camión y una camioneta por la calle de atrás (Sargento Cabral) y que traían un oficio judicial que entregaron al encargado, Lucero.
Otro de los testimonios escuchados en la mañana y uno de los más esperados, fue el del Dr. Vicente Ernesto Moreno Recalde, el médico forense que practicó la autopsia del cadáver masculino y que, como encargado de la pericia, firmó los certificados de defunción de las dos personas NN halladas en las Salinas del Bebedero.
Aunque en un principio reiteró con seguridad que no había concurrido a ese lugar; que por su orden lo había hecho el chofer Sosa que estaba de guardia, luego de la lectura de sus declaraciones anteriores -del sumario policial en 1984 y una declaración judicial de 1985, en las que reconoció su firma- donde manifiesta haber ido las Salinas y describe cómo y dónde se encontraron los cuerpos, admitió como válida esa versión.
-¿Va recordando Dr. Moreno Recalde? -Se cercioró el Dr. Burad-.
- Sí. –admitió el testigo sin inmutarse-, quien seguramente como jefe de Criminalística “recibió la orden de trasladarse a Salinas del Bebedero con un fotógrafo un croquista y un chofer”. Allí señala también la presencia del entonces jefe de Policía, Mayor Hugo Franco y personal militar y policial. Que encontraron “una fosa de 60 0 70 cm a la que se introdujo con guantes sacando dos cadáveres parcialmente calcinados a los que les faltaba la última falange de los dedos”. Los cuerpos fueron trasladados a la morgue en donde ya estaba el Dr. capitán Serrano (cardiólogo del Grupo de Artillería), supone “que por una orden militar”. Esa misma noche practicaron la autopsia al cadáver masculino”, al femenino -dijo- se la practicó el Dr. Moyano porque él debía viajar a Córdoba. Aunque sí le “hizo una inspección externa para lo cual le sacó la ropa y en la que advirtió un gran traumatismo de cráneo con pérdida de masa encefálica”.
Omisiones
Llamó la atención al abogado de la querella la respuesta respecto de las pericias balísticas y de la ropa de los muertos, ya que el médico no controló que se hicieran, y justificó su desentendimiento porque sólo se realizaban mediando una orden de la superioridad (dependía del Departamento Judicial) y no supo si la hubo.
También el Dr. Ponce advirtió la omisión de algunos detalles en los certificados de defunción que ahora el médico describía, como los disparos de armas de fuego, el retiro de los restos de ropa o el olor a combustible en los cadáveres.
El informe de la crueldad
Lo que el médico patólogo forense apodado “Cheque” consignó sobre el cadáver masculino. En el certificado de defunción: “Muerte debida a: hemorragia cerebral. Debida a: paso de un proyectil balístico. Homicidio”.
En el protocolo de lesiones: “NN sexo masculino, talla: 1,73 0 1,75 m; pelo largo lacio, castaño oscuro, dentadura completa, peso aproximado 73-75 kg, edad estimada 23 a 33 años; parcialmente carbonizado, más afectadas las extremidades inferiores. 4 impactaciones de proyectil balístico en cráneo -hueso malar-; en mano derecha, brazo izquierdo y abdomen. Ha sufrido acción de fuego posterior a la muerte y amputaciones criminales y no accidentales.
Otro de los detalles que agregó fue el calibre de los proyectiles: 9 mm u 1125 y que el causal de la muerte había sido el disparo en el hueso malar
Respecto a esta lesión (amputación de las falanges) que tenían ambos cadáveres, explico en la audiencia que habían sido “cortadas con una pinza o alicate, no quirúrgica; los tejidos estaban desgarrados”, esto tampoco lo consignó en el documento médico.
Preguntado sobre la finalidad del fuego sobre los cuerpos Moreno Recalde contestó: “Quemar un cuerpo significa borrar los rastros de lo que se cometió”
Otras de las declaraciones vertidas durante el debate del jueves fue la de la empleada de la morgue, la técnica de anatomía patológica Rosa Magdalena Rodríguez quien confirmó lo dicho el miércoles por el encargado de esa sección del Policlínico Regional, el Dr. Salguero Fumero. Que por orden del director del nosocomio, el Dr. García Calderón, no pudieron acceder a la morgue por una semana, “por el mal olor y había unas personas fallecidas. Había militares armados en los techos y en el interior”. Dijo que había un olor nauseabundo y a quemado.
Otros testigos que no aportaron casi nada fueron Nilda Lily Garro de Acevedo, una técnica que aunque reconoció su firma en una declaración de los `80 en la que afirmaba trabajar en la morgue al momento de los hechos investigados, se empecinó en negarlo, asegurando que recién en noviembre de 1976 había ingresado a esa área. Sólo había tomado conocimiento que habían sido trasladados dos cuerpos a la morgue.
Por su parte, el médico Héctor Hugo Rodríguez, que por entonces trabajaba en Sanidad policial (en el edificio de Investigaciones en calle Lavalle) no recordó haber firmado un informe de 1984 que se leyó, en el que se consignan todas las actuaciones y medidas ejecutadas en relación al hallazgo de los cadáveres en las Salinas.
Tampoco recordaba haber practicado revisación médica a Graciela Fiochetti, aunque era una de las tareas que realizaba.
Otros testimonios vertidos fueron los policías retirados Rafael "Perecito" Pérez, Luis Severo Torres y la empleada del registro civil Lila Sonia Becerra.
Para la audiencia del próximo lunes se anunció el testimonio del Dr. Antonio González Macías, quien en 1985, tuvo un rol esencial como juez de Instrucción de la causa que luego se vio frustrada por las leyes de impunidad (Punto Final y Obediencia Debida).
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